Esta campaña puede generar un impacto significativo en las organizaciones al permitir que actores externos utilicen infraestructura corporativa para acceder de forma no autorizada a servicios LLM de pago. Esto provoca pérdidas financieras, consumo excesivo de recursos, posible exposición de datos internos, degradación del servicio y riesgos reputacionales. Además, el uso de proxies como intermediarios dificulta la detección del abuso, lo que prolonga la actividad maliciosa y aumenta la probabilidad de que la infraestructura sea utilizada para otros fines ilícitos, como evasión de controles, anonimización de ataques o encubrimiento de actividades criminales.